El Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), es un espacio de articulación constituido por 14 organizaciones nacionales, territoriales y locales de la Sociedad Civil nicaragüense, con el propósito de debatir, promocionar e incidir en el desarrollo y establecimiento de un Sistema Electoral democrático, inclusivo, transparente y participativo. El Grupo Promotor en su estructura y funcionamiento posee un carácter plural, autónomo, de respeto a la diversidad y no partidista.
Desde su constitución en el año 2006, estableció como misión la promoción de la propuesta de reformas electorales, que contribuya a fortalecer la democracia y mejorar el sistema electoral en Nicaragua. El desarrollo de su trabajo se ha fundamentado en tres principios básicos:
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La no integración de partidos políticos en el seno del Grupo.
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Guardar en la práctica y en la proyección de cada organización, la independencia de partido político alguno.
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Las decisiones del Grupo, tienen como base el consenso de las organizaciones que lo integran.
El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, surge a partir del análisis y reflexión de organizaciones que trabajan temas de democracia y del sistema electoral, tomando como punto de partida las reformas a la Ley Electoral del año 2000, sumado a ello la forma en que se manejó el proceso electoral del año 2008, puso en evidencia dos problemas fundamentales que desde antes de esa elección se vienen señalando y que son:
La falta de independencia del Consejo Supremo Electoral con respecto a los partidos políticos y el hecho de que la misma Ley Electoral brinda el control partidario de las estructuras electorales; lo que limita la participación de nuevas opciones políticas; la participación ciudadana y deja vacíos que permiten la discrecionalidad y no transparencia de los procesos electorales.
Como una consecuencia de los resultados de las elecciones municipales del 2008, la confianza en nuestro actual Consejo Supremo Electoral ha disminuido en un alto porcentaje, pasando del 72.1% en el año 2007 al 50.2 % 1 en el año 2009, como resultado de esta situación se ha puesto en evidencia ante la sociedad lo vulnerable del sistema electoral y han puesto en duda la garantía en la administración de la voluntad de los electores.
A lo largo de este período el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, ha presentado a la opinión pública, a dirigentes de partidos políticos, a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y a la población en general al menos ocho propuestas de cambio, o iniciativas de reformas, para contribuir a hacer efectivos esos cambios al sistema electoral que tanto urgen a nuestro país:
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Anteproyecto de reforma a la Ley Electoral con reformas constitucionales.
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Anteproyecto de Ley de reforma a la Constitución Política en materia electoral.
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Anteproyecto de reforma a la Ley Electoral sin reformas a la Constitución Política.
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Iniciativa Ciudadana de Ley que establece las causas y procedimientos para la renuncia y destitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
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Iniciativa de reforma a la Ley de Identificación Ciudadana Ley No. 152.
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Criterios para elegir a los magistrados del CSE.
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Propuesta desde la sociedad Civil para restaurar la confianza en el sistema electoral.
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Posicionamiento del Grupo Promotor ante el calendario electoral
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Demanda y Propuesta “Por unas Elecciones Libres y Transparentes en el 2011”
En Noviembre del 2010, más de doscientas organizaciones nacionales y territoriales se reunieron en el Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, donde manifestaron y ratificaron la demanda “Por unas Elecciones Libres y Transparentes en el 2011”, la cual fue ampliamente discutida y aprobada por las organizaciones en trece departamentos del país y en la capital con las organizaciones nacionales; la demanda dirigida a las autoridades del poder legislativo y electoral, así como a los directivos de partidos políticos y sus representantes ante la Asamblea Nacional establece:
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Nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral que generen confianza en la ciudadanía.
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Garantías para el proceso electoral que incluyan observación electoral, verificación ciudadana transparente y la obligación de dar a conocer todos los resultados de la votación.
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Cedulación para todos y la apertura inmediata de las delegaciones municipales de cedulación.