Las autoridades del CSE además de ser cuestionadas por mantenerse en el cargo a pesar que ya se les venció el período de su mando como Magistrados del CSE también son señaladas por diversas irregularidades que generon el fraude electoral municipal del 2008. Sin embargo la falta más grave ante los ojos de la ciudadanía es su inoperancia administrativa para brindar repuesta y resolver el tema de la cedulación en Nicaragua. Si fuera por las leyes definitivamente estas autoridades electorales no estuvieran en sus cargos.
La cedulación ha sido manejada desde un enfoque partidario que como botín las autoridades electorales han entregado cédulas según la estrategia política del momento, excluyendo totalmente al resto de ciudadanos que no militan en x ó y partido político. Es claro que para el ciudadano corriente la importancia de la cédula radica en dos factores fundamentales 1) Porque le permite ejercer su derecho político del sufragio y 2) la cédula es el único documento que es de utilidad y a la vez reconocido para realizar diversas actividades legales, sociales, administrativas y políticas. Esto quiere decir que al no tener cédula una persona no existe como ciudadano nicaragüense.
Esto lesiona gravemente los derechos contemplados en la Constitución Política en Nicaragua referidos a la igualdad ante la ley de los y las ciudadanas, el derecho de competir para cargos públicos y peor aun excluye al ciudadano de cualquier derecho que esté contemplado en la Carta Magna de carácter social y económico. Esto también pone al Estado con la percepción de un ente que viola sus compromisos internacionales en derechos humanos, porque no le otorga al ciudadano corriente la premisa fundamental contemplada en la Convención Interamericana de derechos humanos como es la igualdad ante la ley.
Si todos estos años, la situación de la cedulación se ha manejado con esta lógica partidaria y solo se suscribe la entrega masiva de cedulas para períodos electorales, en total contradicción con lo que establece la ley de identidad ciudadana el cual instituye que el CSE debe garantizar oficinas municipales para la cedulación y que dotará parte de su presupuesto para mantener estas oficinas funcionando, así como las departamentales o regionales. Peor es en la actualidad, porque se cobra un monto de 300 córdobas para los que están solicitando cédulas por primera vez o por expiración y reposición. Lo que quiere decir que el ciudadano además de hacer el gasto de transporte y otros costos de movilización, tiene que pagar por la cédula, lo que limita la posibilidad de hacer una gestión por este documento, en especial a los ciudadanos provenientes de las áreas rurales del país.
En el caso del cobro de 300 córdobas es necesario señalar que el CSE violenta nuestra Constitución de la República porque sólo la Asamblea Nacional puede establecer los impuestos en la legislación nicaragüense. Es en este sentido que los ciudadanos nos preguntamos hasta cuando se estará violentando el derecho humano de los nicaragüenses al no obtener una cédula de identidad? Hasta cuándo la clase política se pronunciará y ejecutará acciones de manera más contundentes sobre este proceso y resolver las dificultades que tenemos los nicaragüenses para obtener una cédula de identidad?
José Somarriba Mendoza.
Lic. Relaciones Internacionales
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